La historia de Peter Baleke es como la de David y Goliat pero al revés. Aquí no impera la justicia poética y el fuerte le está ganando al débil. A David lo encarnan 400 familias campesinas de uno de los países más pobres, Uganda. Y a Goliat, la suma del Gobierno ugandés y la multinacional alemanaNeuman Kaffee Gruppe.
Peter ha viajado a Madrid para contar su caso invitado por Veterinarios Sin Fronteras, que acaba de lanzar la campaña Paren, aquí vive gente, que denuncia el expolio de la soberanía alimentaria del África subsahariana. En menos de un año, señala la ONG, diversos inversionistas han adquirido 42 millones de hectáreas de tierras fértiles en el mundo, el 75% en esta parte del continente, arrebatándoles los recursos naturales de los que obtienen su alimento.
Para ponerle piel, ojos e indignación a esta causa, ahí está Peter Baleke con su particular traje de chaqueta y sus pins en la corbata: un crucifijo —es católico— y otro con el lema The right to food (Derecho a la alimentación)”. Con 50 años y tres hijos, Peter comienza la entrevista como ausente tras dos días de trote, pero va cargando las pilas conforme entra en materia y la cafeína va surtiendo efecto. No le gusta repetir las cosas aunque su inglés resulte por momentos endiablado y despacha su opinión sobre España con un “hace menos frío que en Alemania”. Y se ríe —qué otra cosa puede hacer— cuando llega a los puntos más sangrantes de su relato, que dice así:
El 18 de junio de 2001, un representante del Gobierno ugandés reunió a las 400 familias (unas 2.000 personas) que residían en la región de Madudu (en Mubende, Uganda central) para anunciarles que el Gobierno había cedido sus tierras, 2.500 hectáreas, a una multinacional alemana. Antes de finales de agosto debían abandonarlas. Sin compensación económica ni un sitio alternativo al que ir.
“En mi país si no produces tu propio alimento no tienes qué comer. El 80% es agricultura de subsistencia. ¿A quién beneficia que vengan las multinacionales a producir alimentos a precios que no podemos pagar? Desde luego no a nosotros, nos roban la comida”, se indigna Baleke. “Eligieron nuestras tierras porque eran las más fértiles”. Él dirigía entonces la escuela de uno de los poblados afectados, Kitemloa, y organizó una colecta para contratar a un abogado. “No soy el más ilustrado, pero sí el más audaz y conozco las leyes”.
Ante la resistencia de los campesinos, el 18 de agosto intervino el Ejército, quemando casas y golpeando a los vecinos, echándolos por la fuerza. Las familias huyeron al bosque, donde varios niños y ancianos fallecieron por las precarias condiciones de vida, denuncia Baleke. El 24 de agosto, la multinacional se instaló en la zona. Un año más tarde los campesinos presentaron una denuncia civil.
Han pasado dos lustros y su causa está arrinconada. Hasta siete jueces se han hecho cargo del caso, que desde el 11 de abril espera que un octavo juez lo herede. “¿De qué sirven las leyes si luego los jueces no hacen su trabajo?”, se duele Baleke. Para más inri, la multinacional vende el café en las redes de comercio justo. “Este tipo de comercio necesita mecanismos de control porque contradice sus principios”, se queja, y apela al boicoteo por parte de los consumidores europeos y a la importancia de que las ONG enseñen a los oprimidos a defender sus derechos. “Las leyes están para cumplirlas”, dice blandiendo a pesar de todo con orgullo la Constitución de Uganda.
Peter ha viajado a Madrid para contar su caso invitado por Veterinarios Sin Fronteras, que acaba de lanzar la campaña Paren, aquí vive gente, que denuncia el expolio de la soberanía alimentaria del África subsahariana. En menos de un año, señala la ONG, diversos inversionistas han adquirido 42 millones de hectáreas de tierras fértiles en el mundo, el 75% en esta parte del continente, arrebatándoles los recursos naturales de los que obtienen su alimento.
Para ponerle piel, ojos e indignación a esta causa, ahí está Peter Baleke con su particular traje de chaqueta y sus pins en la corbata: un crucifijo —es católico— y otro con el lema The right to food (Derecho a la alimentación)”. Con 50 años y tres hijos, Peter comienza la entrevista como ausente tras dos días de trote, pero va cargando las pilas conforme entra en materia y la cafeína va surtiendo efecto. No le gusta repetir las cosas aunque su inglés resulte por momentos endiablado y despacha su opinión sobre España con un “hace menos frío que en Alemania”. Y se ríe —qué otra cosa puede hacer— cuando llega a los puntos más sangrantes de su relato, que dice así:
El 18 de junio de 2001, un representante del Gobierno ugandés reunió a las 400 familias (unas 2.000 personas) que residían en la región de Madudu (en Mubende, Uganda central) para anunciarles que el Gobierno había cedido sus tierras, 2.500 hectáreas, a una multinacional alemana. Antes de finales de agosto debían abandonarlas. Sin compensación económica ni un sitio alternativo al que ir.
“En mi país si no produces tu propio alimento no tienes qué comer. El 80% es agricultura de subsistencia. ¿A quién beneficia que vengan las multinacionales a producir alimentos a precios que no podemos pagar? Desde luego no a nosotros, nos roban la comida”, se indigna Baleke. “Eligieron nuestras tierras porque eran las más fértiles”. Él dirigía entonces la escuela de uno de los poblados afectados, Kitemloa, y organizó una colecta para contratar a un abogado. “No soy el más ilustrado, pero sí el más audaz y conozco las leyes”.
Ante la resistencia de los campesinos, el 18 de agosto intervino el Ejército, quemando casas y golpeando a los vecinos, echándolos por la fuerza. Las familias huyeron al bosque, donde varios niños y ancianos fallecieron por las precarias condiciones de vida, denuncia Baleke. El 24 de agosto, la multinacional se instaló en la zona. Un año más tarde los campesinos presentaron una denuncia civil.
Han pasado dos lustros y su causa está arrinconada. Hasta siete jueces se han hecho cargo del caso, que desde el 11 de abril espera que un octavo juez lo herede. “¿De qué sirven las leyes si luego los jueces no hacen su trabajo?”, se duele Baleke. Para más inri, la multinacional vende el café en las redes de comercio justo. “Este tipo de comercio necesita mecanismos de control porque contradice sus principios”, se queja, y apela al boicoteo por parte de los consumidores europeos y a la importancia de que las ONG enseñen a los oprimidos a defender sus derechos. “Las leyes están para cumplirlas”, dice blandiendo a pesar de todo con orgullo la Constitución de Uganda.
FUENTE http://sociedad.elpais.com/
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